Un promotor puede elegir la localización de la construcción que quiere realizar. Puede hacerlo, pero de entre unas cuantas opciones. Quizás ninguna buena. Pero puede decidir promover sobre un solar determinado o no. ¿Basándose en qué? ¿En la orientación? ¿ En el tipo de suelo? ¿En el régimen de vientos?... No. Únicamente basándose en el rendimiento económico. Hará sus cuentas sobre lo que las normativas le permiten construir, lo que le costará y lo que puede obtener. Esto no le convierte en un ser malvado, puesto que ignora que él pude tener influencia sobre todos esos factores. Él tiene derecho a obtener el máximo rendimiento de su inversión.
El arquitecto no puede elegir la localización para poder seleccionar orientación, iluminación, vegetación, etc. El promotor necesita, una vez conocida su capacidad de beneficio, que un arquitecto desentrañe las normativas y obtenga el edificio más rentable para él. El arquitecto dispondrá del dinero justo para hacer en muy poco tiempo un edificio altamente ineficiente (como exigen las normativas), que apure hasta el ultimo centímetro que se pueda vender. De hecho, si no hace esto será considerado un mal arquitecto. El resto de las variables que influyen en el edificio no le importan a nadie. Por tanto no se tienen en cuenta.
Si hablamos de vivienda, el cliente no elige ni localización, ni edificio. Elige precio y cantidad de metros cuadrados. Pocas veces tiene la oportunidad de elegir mucho más, salvo que sea autopromotor. Otra cuestión es si el cliente es promotor y no hablamos de vivienda. El cliente puede elegir incluso al arquitecto, y no por su probada habilidad de jugar con los metros cuadrados, sino por algunas otras cualidades.
Una cualidad que tiene cualquier parcela construible en España es una calificación urbanística. Esto implica muchas normativas que limitan y regulan lo edificable en dicha ubicación. ¿Por qué tanta normativa? Desde mediados del siglo XX comenzaron a surgir normativas con el ánimo de regular cualquier aspecto. Durante más de veinte siglos todo estuvo en manos del buen hacer de constructores y arquitectos, pero en el siglo XX se comenzó a construir con nuevos materiales, que permitían apurar al límite las dimensiones de los elementos de los edificios. Entonces comenzaron a regularse no las virtudes exigibles de las edificaciones, sino los defectos tolerables. Y así hemos llegado a la situación actual donde, al fijar mínimos por ley, todo el mundo busca dichos mínimos suponiendo que ha logrado automáticamente el punto óptimo, cuando lo cierto es que no es así ni mucho menos. Dejarse llevar por las normativas es garantizar un edificio ineficaz, torpe e incluso enfermo.
Las normativas no contemplan las características de la parcela, ni se promueve el uso de éstas. Regula el uso que se le puede dar a dicha parcela y el rendimiento que se le consiente al promotor. No exige nada sobre la vegetación, el uso del agua, la eficiencia en la energía, los materiales adecuados (no los que le dan ese ridículo aspecto típico a algunas poblaciones) o sobre el posible uso del transporte. Las normativas prohíben, pero no premian. Con esto obtenemos los edificios que tenemos.
En próximos números veremos cómo puede un edificio relacionarse mejor con su localización.